Pensiones y progreso

La única medida que ha tomado el flamante nuevo Consejo de Ministros en su sesión inaugural ha sido la subida de las pensiones un 0'9 %, en relación a la subida del IPC.

Nada que objetar. Era una reclamación del colectivo de pensionistas y además un compromiso electoral del PSOE, así que no se le puede reprochar nada desde el punto de vista político.

Lo que yo quiero es hacer una reflexión sobre la idoneidad de la medida desde el punto de vista económico y social.  Ahí va mi cuestionamiento: de verdad la subida de todas las pensiones en un 0'9 % es una medida progresista y justa? Es decir, subirle en igual proporción la pensión a una señora que cobra 2.000 euros y a otra que cobra 600 no es en la práctica aumentar la brecha social entre una y otra?

Ya he dicho en otras ocasiones que soy bastante escéptica sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones tal y como está concebido actualmente. No digo que no pueda haber pensiones en el futuro; digo que muy probablemente serán de mucha menor cuantía que las actuales y que tendrán que ser financiadas de otra forma, por una simple cuestión demográfica. Pero bueno, éste es un melón que ningún partido se atreve a abrir. Sólo un Pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas en el que se estableciera el no uso de las pensiones como arma arrojadiza haría posible que se llegara a acuerdos realistas al respecto.

Como de momento, con el actual panorama frentista, esto no se ve muy probable a corto o medio plazo, los políticos se limitan a tomar este tipo de decisiones de limitado alcance. Este año, señores pensionistas, les vamos a subir sus pensiones conforme al IPC; el que viene ya veremos.

Pues bien, personalmente esta medida me parece totalmente contraria a la línea ideológica que se le supone a este Gobierno "de izquierdas". Aumentar la diferencia entre las pensiones más altas y las menores no es precisamente la idea que yo tengo de "progresismo".

Ya sé que las personas que cobran pensiones altas han cotizado a lo largo de su vida laboral en mucha mayor cuantía que las que cobran pensiones bajas, muchas de las cuales ni siquiera han cotizado, pues se trata de pensiones no contributivas. Por lo tanto las enormes diferencias entre unas y otras tienen una explicación lógica. Pero desde una ideología progresista a mi modo de ver es inadmisible que esa distancia, en lugar de irse acortando en la búsqueda de una cantidad digna para todas las pensiones, vaya en aumento con estas subidas porcentuales de trazo grueso.

Y quien dice subidas porcentuales dice otro tipo de beneficios asociados a la condición de pensionista. Privilegios tales como la gratuidad de los medicamentos o los bonos especiales para transportes. Creo que con las tecnologías actuales es posible establecer cálculos personalizados de las necesidades de cada individuo para ajustar esos beneficios a la situación económica real. No entiendo la razón por la que una persona que cobra una pensión de más de 2.000 euros tiene la posibilidad de acceder gratis a los medicamentos a causa de su edad, mientras que otra más joven que cobra un salario de 1.000 o menos aún por un contrato a tiempo parcial se los tiene que costear de su bolsillo.

Hace poco estuve escuchando al sociólogo Ignacio Varela, recién llegado a la condición de pensionista, que opinaba sobre este asunto. Decía que en conciencia él no podía hacer uso de esos privilegios por haber cumplido la edad reglamentaria, ya que consideraba que era una persona con los medios suficientes  para financiarse sus tratamientos médicos o sus medios de transporte. Que pensaba que ese dinero que el erario público se ahorraba con él debía utilizarse para ayudar a personas que realmente lo necesitaran. Me parece una actitud verdaderamente progresista, además de generosa. Obviamente si hiciera uso de esos beneficios tendría una mayor capacidad de ahorro pero entiende que hay muchas otras personas que precisarían esas ayudas más que él para vivir dignamente, por lo que gustosamente renuncia a ellas.

Su postura me parece elogiable pero no creo que sea el individuo a título particular el que tiene que tomar este tipo de decisiones en función de su mayor o menor conciencia social, sino que para eso están los políticos, para distribuir justamente la riqueza mediante un reparto equitativo de los recursos.

Por ello sería de esperar que este nuevo Gobierno, supuestamente progresista, se planteara tomar medidas realmente tendentes a conseguir ese fin de justicia social en lugar de recurrir al socorrido método de satisfacer las reivindicaciones de los pensionistas o de otros colectivos para tenerlos contentos y calladitos, sin tener en cuenta si sus peticiones realmente se corresponden o no con esos fines.